El juez Royce Lamberth aceptó ayer el arreglo al que llegó la empresa con el Departamento de Justicia de E.U. para pagar 25 millones de dólares en 5 años. Sin embargo, le formuló reparos.
Según el juez, 10 directivos de la empresa que fueron vinculados al caso sin que se mencionaran sus nombres debieron haber sido procesados y sus identidades reveladas."(El acuerdo) me genera dudas. Especialmente porque en otro caso similar el propio Departamento de Justicia ha pedido que las identidades sean públicas", dijo Lamberth. Pero aceptó tras invocar el derecho del Gobierno a decidir contra quién eleva cargos.
En marzo pasado, Chiquita reconoció haber pagado 1,7 millones de dólares a los 'paras' hasta febrero del 2004.
Además de la multa, la empresa fue forzada a establecer una comisión ética que se encargará de educar a sus empleados en un tema más bien obvio: que es un crimen pagar a grupos terroristas. El primer pago, por 5 millones, ya se realizó y la empresa seguirá desembolsando la misma suma hasta el 2011. Mientras la Fiscalía colombiana empieza a investigar, el ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo la semana pasada que el arreglo deja la sensación de que se puede cometer un crimen y salir limpio con el solo pago de una sanción.Por la 'colaboración' de Chiquita, el Departamento de Justicia decidió no imponer la multa máxima para estos casos, que llega a los 100 millones de dólares.
Sin embargo, en varias cortes federales hay millonarios procesos civiles entablados por representantes de víctimas de los 'paras' en Urabá y Magdalena, los departamentos donde la empresa tenía plantaciones de banano y donde hizo pagos a 'paras'. En el 2004, después de admitir ante el Gobierno de E.U. que venía realizando esas prácticas, Chiquita salió de Colombia, donde hacía negocios desde hacía casi un siglo.Según la empresa, incluso perdió 9 millones de dólares en esa venta, pero los asumió para conjurar una situación que, asegura, solo en febrero del 2003 supo que era ilegal. En ese momento, los pagos completaban casi seis años. Una audiencia tensa y plagada de recriminaciones"Lo que hizo Chiquita fue moralmente repugnante. Mes tras mes, año tras año, pagaron a terroristas que, con estos fondos, pagaron las balas que mataron a colombianos inocentes", dijo Jonathan Malis, representante del Departamento de Justicia. El funcionario equiparó casi con una mentira el argumento usado por la bananera para justificar los pagos: "Esto no fue extorsión, como sostiene (Chiquita). Siempre tuvo la opción de retirarse del país, de suspender los pagos, pero tomó la decisión empresarial de continuar".Eric Holder, representante legal de la compañía, aseguró que si Chiquita financió a los paramilitares, lo hizo "de la misma manera como las extorsiones financian a la mafia".
Malis y Holder se enfrentaron en una discusión sobre las primeras reuniones con el Departamento de Justicia, en el 2003. De acuerdo con la bananera, en esa ocasión expusieron la situación a varios funcionarios, entre ellos Michael Chertoff, actual Secretario para la Seguridad Interna, pero nunca se les indicó que los pagos debían suspenderse. El Gobierno dice que sí hizo esa advertencia.Ayer, la empresa aseguró en un comunicado que "proteger la vida de sus trabajadores siempre ha sido la mayor prioridad"."Esta fue una difícil situación para la compañía. Fuimos extorsionados y tuvimos que proteger la integridad de nuestros empleados y de sus familias, las cuales estaban en peligro", dijo Chiquita.
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