Más allá de golpes de pecho, atribuciones apresuradas de responsabilidades o denuncias desmedidas contra el Imperio y su capacidad de influencia en la realidad interna venezolana, el rechazo electoral de la reforma constitucional debería hacernos reflexionar, con un mínimo de distancia y objetividad, sobre alguna de las causas subyacentes que pudieran haberla provocado para tratar de evitar la reiteración de errores de cara al futuro.
Y ello es especialmente necesario porque los datos de la derrota electoral ponen algo muy evidente sobre la mesa: mientras que la oposición tan sólo ha aumentado su masa crítica en 100.000 votantes con respecto a las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, por parte del chavismo han dejado de acudir a las urnas más de 3 millones de votantes.
Así que hablar de la desmedida campaña mediática de la oposición contra la reforma o de la injerencia interna de Estados Unidos en el proceso no es más que un recurso fácil para tratar de calmar conciencias a través del autoengaño: el aparato mediático y su dinámica de funcionamiento siguen siendo los mismos que en anteriores plebiscitos; por no hablar de la influencia norteamericana. Y la incidencia conjunta de ambos factores sólo han aportado ese mínimo crecimiento del voto opositor.
Las causas, entonces, habrá que buscarlas en otros lugares más distantes de ese recurso fácil en el que se ha convertido la teoría de la conspiración para quienes se niegan a ver la realidad que les circunda o para quienes no quieren asumir la responsabilidad que les corresponde.
En este sentido, este artículo no pretende ser un catálogo exhaustivo de ellas. Pero, aún a riesgo de dejar algunas en el tintero, creemos necesario poner al menos éstas en negro sobre blanco en unos momentos en los que, si de algo necesita el proceso venezolano, es de autocrítica desde la más absoluta lealtad.
Una reforma adelantada a su tiempo
Uno de los elementos que no puede hurtarse al debate en estos momento es hasta qué punto la reforma constitucional llegaba en el momento adecuado o, por el contrario, era demasiada precipitada dadas las condiciones objetivas y subjetivas en Venezuela.
Las opiniones al respecto son de todo tipo y recurren a las fuentes históricas más diversas y a los autores de más lustre para justificar las correspondientes posiciones. En cualquier caso, parece que un proceso revolucionario tan sui géneris como el venezolano que no implica una ruptura radical con el régimen anterior sino que se va construyendo día a día, en una tensión dialéctica permanente entre sus aspiraciones socialistas y su cotidianeidad capitalista, no puede ser analizado en términos miméticos y buscando todas las analogías posibles con otros procesos de transformación social que lo han precedido en el tiempo.
Resulta del todo punto descabellado pretender que el socialismo, aunque sea el del siglo XXI, se puede construir por la vía de su mera declaración en un texto constitucional cuando la realidad, por otra parte, se aleja tanto de la praxis socialista. Ante este error estratégico es lógico que las bases hayan optado, en el mejor de los casos, por el escepticismo; tanto más cuanto su participación, en una democracia que se declara participativa, se ha limitado a demandar su refrendo a través del voto, como en la más vulgar de las democracias representativas burguesas. Pretender imponer el socialismo desde arriba -al tiempo en que se desestiman los mecanismos utilizados en el siglo XX para tal fin- se ha encontrado con el rechazo de quienes durante los últimos años han escuchado hasta la saciedad que su participación a todos los niveles es un requisito imprescindible para transformar la realidad.
De modo que es comprensible la actitud de aquellos chavistas que no fueron a votar, aún deseando la transición de Venezuela hacia el socialismo y respetando la figura de Chávez como líder carismático capaz de ejecutarla.
Esa transición no puede acontecer de otra manera que mediante la activación de la voluntad popular a través de una Asamblea Constituyente que entre a reformar el texto constitucional. Sólo entonces la vía será jurídicamente la adecuada (porque así queda sancionado en la Constitución de 1999) y estratégicamente la conveniente. Sólo entonces el paso de la transición hacia el socialismo gozará de la legitimidad y fuerza necesaria para convertirse en una realidad. Mientras tanto, las posibilidades de construcción de un entramado normativo que facilite y profundice los cambios hacia el socialismo son perfectamente viables dentro del actual texto constitucional y, precisamente por ello, no debiera entenderse la derrota electoral como un freno en el proceso de transformación social sino, tan sólo, la postergación de su sanción más elevada hasta un momento en el que la conciencia colectiva se encuentre más identificada con la idea socialista.
De ahí se deriva, además, otro de los errores que creemos importantes en el planteamiento de la reforma desde su origen: la falta de valentía para deslindar el tema de la reelección presidencial del resto de cuestiones, de mayor calado, contenidas en la misma.
Primero, porque indica una precipitación innecesaria dado que podía haberse retrasado en el tiempo, aunque siempre dentro de este mandato presidencial, hasta que el contexto social para los cambios normativos que se planteaban para profundizar en el socialismo hubieran estado un poco más maduros.
Y, segundo, porque en ese caso sí que no era necesaria la activación de una Asamblea Constituyente y había un clima de opinión muy favorable al respecto como indicaban todos los sondeos, es decir, hubiera bastado con convocar, como se ha hecho, un referéndum para esa única cuestión. El que se haya tratado de revestir algo que de por sí ya era importante, como es la supresión de la limitación a la posibilidad de reelección, con algo que, sin duda, es mucho más importante porque trasciende la figura del líder y afecta al propio proceso, ha sido un error táctico que ha tenido como coste el que ambas propuestas hayan sido rechazadas.
Un partido unido entre quiénes y para qué
Dentro de los elementos de reflexión tampoco debemos dejar de lado preguntarnos acerca de dónde estaban el día 2 de diciembre los más de 5 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque de la respuesta a esa pregunta se pueden derivar consecuencias no del todo agradables de asumir.
Así, votaron a favor del SI menos personas (4.379.392 para el primer bloque y 4.335.136 para el segundo) que aspirantes a militantes (5.200.000) tiene el nuevo partido liderado por Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sospechoso eso de que supuestos militantes después ni siquiera apoyen a su partido en las urnas. A lo que hay que añadir el preocupante dato de que el 44,11 por ciento de los venezolanos no se molestase en votar y que tiene su contrapunto en las votaciones en Cuba, donde más del noventa por cien de los ciudadanos van a las urnas.
Y ello es preocupante, de entrada, porque si hubieran votado todos, disciplinadamente, no se hubiera perdido la reforma constitucional y se entiende que los militantes de ese partido estaban a favor de ella.
Y, de salida, porque entonces la pregunta que cabe hacerse es si en lugar de convertirse en la vanguardia política del proceso de transformación, el propio PSUV, y, consiguientemente, la inscripción en el mismo, no estarán siendo vistos por muchos de sus militantes como un mecanismo clientelar que refuerza la posibilidades de acceso a los beneficios de las Misiones o, en el peor de los casos, la permanencia en una estructura burocrática del Estado sobredimensionada y manifiestamente ineficiente.
Algo de ello tiene que haber en el ambiente cuando la primera estructura de la que se ha dotado el partido es, sorprendentemente, de un tribunal disciplinario con objeto de poner coto a esa utilización interesada del partido.
En cualquier caso, no estaría de más comenzar un proceso de reflexión acerca de los vínculos espurios que pudieran estar estableciéndose entre el partido y el Estado, generadores de estructuras clientelares radicalmente contrarias a cualquier proceso de transformación hacia el socialismo y utilizadas, por muchos, para acceder a los recursos públicos o a los resortes del poder. Y, tras dicho proceso, comenzar una purga enérgica de todos aquellos militantes que pudieran estar utilizando al partido y las posibilidades que les abre para sus fines particulares.
La corrupción sigue suelta
El término purga nos lleva de pleno a otro de los graves problemas que aquejan al proceso bolivariano y frente al que, a pesar del cansancio de la población y de la retórica enérgica del presidente Chávez al respecto, casi nada se ha hecho.
El problema no es otro que el de la corrupción que sigue campando por sus respetos en el país y que es percibida como una lacra por el pueblo, deteriorando, de paso, la credibilidad del gobierno para acometer su erradicación. Una credibilidad que difícilmente puede mostrar cuando en ningún momento ha habido una política decidida de lucha contra la misma o cuando determinadas medidas aprobadas e implementadas en otros ámbitos con éxito, como es el caso de las más que necesarias Misiones, se convierten en focos de corrupción al amparo de la falta de transparencia presupuestaria con la que se rigen.
Y, aunque por supuesto que no se puede decir que la corrupción en la actualidad sea mayor que en los periodos anteriores a la presidencia de Chávez, sí es cierto que se mantienen igual los procesos abiertos contra gerentes y dirigentes políticos, o sea, bajo mínimos.
En ese contexto, plantear la constitucionalización de las Misiones en lugar de una reforma de la Administración pública que no sólo acabara con la ineficiente burocracia herededada de la IV República sino que también abrieran la Administración a la participación popular a todos los niveles, era una propuesta arriesgada que también ha encontrado muchos detractores en el camino. Sobre todo, porque no sólo constituye, como hemos señalado, un peligroso foco de corrupción sino porque supone la consolidación de una estructura paraestatal que en ningún caso sustituye a la existente y multiplica, en consecuencia, el gasto y la ineficiencia.
Las Misiones deben ser una terapia de choque y el futuro debe pasar necesariamente por la institucionalidad y un estado eficiente más que por la duplicación de estructuras estatales. En ese sentido, la consolidación de las Misiones a nivel constitucional suponía renunciar a que los correspondientes ministerios asuman sus obligaciones.
En cualquier caso, nada más lejos de nuestra intención que estigmatizar a la Misiones atribuyéndoles en exclusiva el monopolio de la corrupción y mucho menos teniendo en cuenta su tremenda aportación a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares venezolanas.
Ese problema es un mal endémico que aqueja a gran parte del aparato estatal venezolano en todos sus niveles de gobierno y, en consecuencia, que debe ser atajado a partir de una política integral y radical. Sólo queríamos advertir de que, si bien la propia filosofía de las Misiones trasciende la lógica burocrática convencional de las políticas públicas y en ese sentido constituyen un avance importante, la ausencia de mecanismos de control presupuestario y la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos han acabado asociándolas a un nuevo foco de corrupción que empaña todo el éxito del que han gozado.
Las condiciones materiales son tan importantes como las ideológicas
Si las condiciones subjetivas para el cambio quizás no se encontraban aún maduras, la situación económica no era tan poco la más propicia. A pesar de que Venezuela se encuentra a la cabeza de América Latina en lo que a tasa de crecimiento económico se refiere y a que los esfuerzos redistributivos de la renta petrolera por parte del gobierno son encomiables existen determinados desequilibrios en la economía que se hace perentorio resolver, sobre todo aquellos que afectan a las condiciones de vida de las clases populares.
La escasez de determinados alimentos utilizada como arma política de manera reiterada por la oligarquía en los momentos previos a las citas electorales junto a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, dada la persistente y elevada tasa de inflación, minan la capacidad de acceso de la población más desfavorecida a unos niveles de vida superiores.
Si el primer problema, el de la escasez provocada, es previsible por cuanto de repetitivo tiene la estrategia de la oposición, su solución debería constituirse en una prioridad del gobierno cuando se avecinan consultas electorales. Y así, aunque es verdad que existen sectores empresariales que acaparan productos de primera necesidad para boicotear el proceso venezolano, no es aceptable que, más de tres años después de la creación de Mercal, un sistema estatal de distribución de alimentos entre los barrios más humildes, éste siga siendo incapaz de garantizar suministros tan básicos como la leche o el café por mucho boicoteo que haya de distribuidores o productores.
El segundo problema, el de la inflación, va adquiriendo una naturaleza endémica que, si bien en términos macroeconómicos no es preocupante, en términos particulares sí que lo es porque afecta en mayor proporción e intensidad a aquellos que menores instrumentos tienen a su disposición para prevenirse del encarecimiento de la cesta básica y que, en gran medida, son el gran pilar de la revolución.
Si el modelo de integración latinoamericana propuesto en el ALBA ha sido interiorizado y juzgado como beneficioso por las clases populares allí donde se aplica es, precisamente, porque ha traducido el tema de la integración económica y social en una realidad concreta y fácilmente perceptible para las mismas como son las mayores cuotas de bienestar que proporciona, por ejemplo, la asistencia sanitaria recibida al abrigo de la Misión Barrio Adentro.
Ésa, y no otra, es la lógica interiorizada por las clases populares en su apuesta y apoyo por la revolución: la de que necesariamente debe traducirse en mejoras materiales y un mayor bienestar. Todo lo que no sean hechos materiales al respecto es pura retórica que no sacia el hambre ni calma la sed y que, en consecuencia, acaban minando el apoyo al proceso de transformación social.
Si a ellos unimos los escasos avances en materia de creación de empleo, la persistencia en la informalidad de gran parte de la población activa, la carencia de una estrategia clara a medio y largo plazo acerca de cómo se quiere “sembrar el petróleo”, la resultante es que parte del rechazo a la reforma constitucional puede interpretarse también en clave de llamada de atención acerca de la necesidad de acometer reformas que, más allá de consagrar constitucionalmente al socialismo, faciliten cuanto antes unas condiciones de vida digna a toda la población.
¿Dónde estaba el Presidente cuando se le necesitaba?
Dado el contenido de la reforma, en la que al tiempo que abrían cauces para unos mayores niveles de participación popular se propugnaba una concentración de poderes muy significativa en la figura del presidente de la república, la figura de Chávez era singularmente relevante para defenderla.
De entrada, porque era él quien tomó la iniciativa de reforma constitucional y, por lo tanto, sobre su persona recaía un mayor grado de responsabilidad de cara a informar a la población de su contenido y a convencerla de su necesidad y de la importancia de votar a favor de la misma. Pero, además, porque difícilmente el pueblo admitiría una concentración de poderes tan importante en la figura de otro personaje que no fuera aquél que ha liderado el proceso de transformación desde sus inicios y cuya legitimidad transfería a la propia reforma.
De hecho, Chávez se encargó bien de separar los artículos de “su” propuesta inicial de los añadidos posteriormente en el trámite parlamentario lo que, de haberse aprobado la “suya” y no la de la Asamblea Nacional, la legitimidad de ésta, en cuanto institución representativa de la soberanía popular, hubiera quedado seriamente dañada. Afortunadamente para el caso ambas han sido rechazadas por una diferencia de apenas 40 mil votos, lo que no es políticamente significativo. Aunque esa distinción entre su articulado y los de la Asamblea Nacional sí deberían inducir a la reflexión acerca de la posibilidad de que el líder del proceso permita o no la consolidación de responsabilidades políticas distintas a la suya propia y que gocen de una legitimidad no permanentemente cuestionada. No olvidemos que una de las cualidades del líder es también la de saber rodearse de competentes y valiosos.
Lo que sí resulta relevante desde el punto de vista político es la tremenda desinformación que ha rodeado la propuesta. El escaso esfuerzo mediático desarrollado para explicarla y defenderla ha sido fácilmente sobrepasado por la ofensiva intoxicadora de los medios de comunicación de la oposición, mucho más agresivos en su intento por hacerla aparecer como lo que no era y, por lo tanto, con mucho mayor éxito si no en atraer a los indecisos hacia su terreno sí, al menos, en sembrar la duda entre quienes, aún en las filas del chavismo, no estaban seguros acerca de lo que efectivamente iban votar.
A ello se le une el hecho de que el Presidente, en pleno proceso electoral, se ausentara del país por más de una semana para acudir a Chile y, seguidamente, a Arabia Saudí, Irán, Francia, Portugal y Cuba.
Que, además, esa ausencia estuviera marcada por el conflicto con España durante la Cumbre Iberoamericana en donde volvió a utilizar un foro internacional para hacer política nacional y generar, con ello, una tensión innecesaria entre el resto de países latinoamericanos que podrían ser sus socios estratégicos en el proceso de integración del hemisferio.
Y, por último, y con el fin de mantener vivo el conflicto que él entendía propicio a sus fines de cara al referéndum, que a su retorno se anunciara en reiteradas ocasiones una posible nacionalización de los bancos españoles en Venezuela que, si bien sirven para granjearse la simpatía de las clases populares que, evidentemente, carecen de fondos depositados en esos bancos, sí que pudieron asustar sin fundamento alguno a sectores de las clases medias afines al proceso pero, también y lógicamente, celosos de sus modestos ahorros.
Con lo cual la resultante ha sido un conflicto abierto con España cuya opinión pública, desde entonces, no cesa de acusarlo de dictador, totalitario y varias lindezas más de ese tenor. El malestar de gran parte de países latinoamericanos por el referido enfrentamiento les obligó a posicionarse del lado de España cuando podían haber estado junto a Nicaragua y Venezuela en su denuncia de las tropelías de las transnacionales españolas. El saldo, como puede apreciarse, no resulta demasiado positivo.
Y los medios de comunicación oficial tampoco ayudan mucho
Por otro lado, y tal y como señalamos al comienzo de este artículo, el discurso de la dictadura mediática de la oposición en el panorama interior de Venezuela tiene cada vez menos validez. Tal vez pueda ser una razón para Bolivia, Ecuador o en Europa y Estados Unidos para explicar los procesos latinoamericanos, pero Venezuela tiene ya cuatro cadenas de televisión públicas que emiten en abierto: VTV, Vive TV, TeVes y Telesur; decenas de radios comunitarias y todos los medios escritos que son capaces de hacer. Quizás va siendo hora de pedir cuentas a todos esos medios de comunicación de su ineficiencia para tomar las riendas de la difusión de información sobre la revolución bolivariana. ¿Por qué no hay un buen periódico que explique la revolución bolivariana? ¿Por qué la mejor página web sigue siendo la misma que hace cuatro años, Aporrea, y apenas sirve para explicar el proceso fuera de Venezuela, aunque ahora esté siendo, una vez más, el mejor ejemplo de debate público? Es hora de preguntarse por la audiencia que tienen las cuatro televisiones y su diligencia a la hora de contar la realidad venezolana y del mundo.
Pongamos un ejemplo que es singularmente ilustrativo de la ineficiencia y falta de criterio de los medios oficiales. La noche electoral éramos muchos los que pretendíamos seguir la información a través de esas televisiones por Internet. La emisión online de VTV estaba colapsada, Tves prácticamente no tiene web y tampoco tiene informativos, en Vive TV había una tertulia que no tenía relación con el referéndum y en Telesur, un reportaje sobre Colombia y analistas en el estudio que no decían nada que no pudieran haber dicho una semana antes. Todas las personas que consultamos nos han indicado que, al igual que nosotros, tuvieron que seguir la información por la web de Globovisión, donde transmitían la emisión en directo en condiciones técnicas perfectas y con enviados por todo el país que informaban -o desinformaban-, pero a pie de la calle.
Igualmente, hay que destacar errores de comunicación gravísimos en relación con todo lo que ha rodeado el debate en torno a la reforma constitucional. No se puede denunciar la interceptación de un correo entre el embajador estadounidense y el director de la CIA, donde se revela un plan de desestabilización en un programa político en clave de humor para incondicionales como es La Hojilla. Un documento de esa trascendencia debe ir acompañado de una rueda de prensa del presidente denunciando la conspiración, de otra forma nadie que no sea simpatizante del chavismo se lo tomará en serio, que es lo que sucedió.
También es triste que el medio venezolano que mejor explicara al mundo el tiroteo con los estudiantes en la Universidad central de Venezuela (UCV), tan utilizado y manipulado contra la revolución, haya sido la radio YVKE Mundial, que ni siquiera tiene dominio de Internet propio.
Finalmente, la rueda de prensa del presidente del día anterior al referéndum también merece algún comentario. Al haberla planteado en la jornada de reflexión no pudo hablar del tema que interesaba, es decir, explicar y defender los puntos de la reforma, de manera que se dedicó a refrescar todos sus frentes internacionales abiertos, algo que, precisamente un día antes de las votaciones, no era lo que más podía preocupar a los venezolanos. No sé puede intentar recurrir al liderazgo presidencial para defender una reforma si el presidente se encuentra dedicado a viajes de la OPEP, canjes humanitarios en Colombia y reyertas interoceánicas con orígenes de quinientos años.
A modo de excusatio final
Todo el análisis precedente no debe hacernos olvidar la miseria de los análisis internacionales que dicen que la victoria del NO es la prueba de que existe democracia en Venezuela, algo que no dirían si hubiese ganado el SI. Estamos ante una forma elegante de afirmar que sólo cuando pierde Chávez hay democracia.
Y, por otro lado, se nos podrá criticar que parece que sólo insistimos en nuestro análisis en destacar los elementos negativos de este proceso, silenciando sus logros y esperanzas, pero es que intentar detectar los errores también debería ser un logro de la revolución y una esperanza para que puedan ser corregidos. Ese es y será siempre nuestro ánimo.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
Pascual Serrano (www.pascualserrano.net) es periodista.
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