Por: Últimas Noticias
"No nos han pagado las prestaciones sociales luego de 11 años de cierre de la compañía, y por supuesto estamos pidiendo la indemnización. Somos 2.250 familias que quedamos sin empleo". Así explicó la situación Ámbar Stredel, ex empleada de la aerolínea Viasa, luego de presentarse en el Ministerio Público para exponer el caso.Una comisión de la Fiscalía recibió a los trabajadores –que se habían encadenado en las afueras de la aerolínea Iberia de Parque Cristal–, como parte del acuerdo con la Defensoría del Pueblo para reiniciar las conversaciones sobre el caso.Aunque aseguraron que no tienen una cifra exacta de cuánto les correspondería de ser beneficiados en el juicio, Stredel cree que puede ascender a los 500 millones de dólares por los 2.500 empleados que fueron perjudicados por la quiebra de la compañía.Diana Gómez, ex aeromoza, aclaró que a los únicos que se les consideraron sus derechos cuando cerraron las puertas de la aerolínea fue a los trabajadores extranjeros, pero "nada que ver con los venezolanos". También dijo que en vista de que el juicio prescribe en julio, "ya es hora de que el Presidente asuma el caso", pues la responsabilidad es "40% del Estado venezolano y 60% de la compañía privada".Dentro de las exigencias de los ex empleados se encuentran la conformación de comisiones del Ministerio del Trabajo para que se reúnan con los contadores y abogados de este grupo, y del Ministerio de Finanzas, para hacer los pagos correspondientes. Al cierre de esta edición aún no habían declarado los fiscales del MP.
"No nos han pagado las prestaciones sociales luego de 11 años de cierre de la compañía, y por supuesto estamos pidiendo la indemnización. Somos 2.250 familias que quedamos sin empleo". Así explicó la situación Ámbar Stredel, ex empleada de la aerolínea Viasa, luego de presentarse en el Ministerio Público para exponer el caso.Una comisión de la Fiscalía recibió a los trabajadores –que se habían encadenado en las afueras de la aerolínea Iberia de Parque Cristal–, como parte del acuerdo con la Defensoría del Pueblo para reiniciar las conversaciones sobre el caso.Aunque aseguraron que no tienen una cifra exacta de cuánto les correspondería de ser beneficiados en el juicio, Stredel cree que puede ascender a los 500 millones de dólares por los 2.500 empleados que fueron perjudicados por la quiebra de la compañía.Diana Gómez, ex aeromoza, aclaró que a los únicos que se les consideraron sus derechos cuando cerraron las puertas de la aerolínea fue a los trabajadores extranjeros, pero "nada que ver con los venezolanos". También dijo que en vista de que el juicio prescribe en julio, "ya es hora de que el Presidente asuma el caso", pues la responsabilidad es "40% del Estado venezolano y 60% de la compañía privada".Dentro de las exigencias de los ex empleados se encuentran la conformación de comisiones del Ministerio del Trabajo para que se reúnan con los contadores y abogados de este grupo, y del Ministerio de Finanzas, para hacer los pagos correspondientes. Al cierre de esta edición aún no habían declarado los fiscales del MP.
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