Comunicado del Gobierno de Ecuador
En la madrugada del sábado 1 de marzo, aeronaves militares y efectivos del ejército y la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, a aproximadamente a 3 kilómetros al sur del río Putumayo, y tras enfrentarse con integrantes de las FARC, dieron muerte a diecisiete personas, entre las que se encontrarían altos líderes de ese grupo irregular colombiano. En el marco de los eventos, fuerzas del Estado colombiano ingresaron al territorio del Ecuador, tomaron posesión varios cuerpos de los occisos y se los llevaron consigo a Colombia. Las investigaciones de la fuerza pública ecuatoriana han logrado determinar estos hechos sobre la base de declaraciones de pobladores de la zona y de datos recogidos por unidades militares ecuatorianas que llegaron horas después al lugar de los incidentes. Las autoridades del Ecuador no conocieron de antemano de la operación colombiana ni dieron su autorización para que ésta se realice o para que fuerzas de ese país ingresen al territorio nacional.
El Ecuador tiene conocimiento de las realidades políticas, legales y sociales del conflicto colombiano, lamenta los severos efectos que ha tenido en la sociedad del país vecino desde décadas atrás, y no comparte los procedimientos violentos que emplean los grupos irregulares. En el marco del derecho internacional, el Estado ecuatoriano ha colaborado con autoridades colombianas en acciones apegadas a las leyes de los dos países y a los derechos humanos. Lamentablemente esta cooperación bilateral no se verificó en torno a los hechos descritos, que por tanto significan la vulneración de la integridad territorial y el ordenamiento legal del Ecuador. El Gobierno Nacional hará llegar hoy mismo su enérgica protesta al Gobierno de Colombia por la flagrante violación del territorio de la República del Ecuador, que constituye una trasgresión a los principios de soberanía e integridad territorial que ampara el derecho internacional. Ecuador demandará de Colombia una explicación por el indebido proceder de sus fuerzas militares, exigirá una disculpa formal por lo acaecido y, en caso de eventuales daños a personas y bienes de habitantes dentro del territorio ecuatoriano, demandará el pago de las correspondientes indemnizaciones. De considerarlo apropiado, Ecuador acudirá a instancias internacionales para buscar que las garantías de sus habitantes y la integridad territorial del país y sus derechos soberanos sean precautelados.
El Gobierno del Ecuador se encuentra profundamente decepcionado por la acción de las fuerzas colombianas. Al propio tiempo, rechaza la presencia de efectivos de grupos irregulares colombianos en el país, en violación a las leyes ecuatorianas. El Gobierno del Ecuador reitera su firme decisión de no permitir que el territorio de la nación se utilice por terceros para llevar adelante operaciones militares o para emplearlo como base de operaciones, en el marco del conflicto colombiano. El Ecuador utilizará todos los recursos de seguridad disponibles para evitar que estas circunstancias se repitan. Ninguna fuerza militar regular o irregular puede actuar en el territorio del Ecuador que, con arreglo a su derecho a la legítima defensa y a la seguridad, repelerá, capturará y someterá a la justicia a quienes ingresen armados al territorio del país o se establezcan en éste para desarrollar actividades al margen de la ley.
El Gobierno del Ecuador hace una vez más un llamado a una solución pacífica del conflicto interno de Colombia, en el marco de las leyes de ese país y con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Augura que el Estado colombiano y los grupos irregulares encuentren la senda hacia un entendimiento político que ahorre de las nefastas consecuencias de la violencia a la sociedad colombiana. En ese mismo sentido y por motivos eminentemente humanitarios, hace votos por la pronta liberación de los rehenes en poder de grupos irregulares y la garantía de su integridad personal. La República del Ecuador siempre se mantendrá dispuesta a aportar en cuanto esté a su alcance para la pacificación y entendimientos humanitarios en Colombia. Quito, 1 de marzo de 2008
